Mirko Lauer.
El gobierno está a punto de abrirse un frente de tormenta que va más allá de las ONGs locales y llega hasta el sistema de la cooperación internacional. La idea de retirarles los consejeros a las comunidades que protestan por temas como medio ambiente o derechos humanos parece eficaz a primera vista. Pero les está abriendo la puerta a problemas mayores que la asesoría.
Para una parte importante de los financiadores de fuera podría estar naciendo una nueva causa unificadora. En la cultura política del primer mundo ajustarles las clavijas a las ONGs invariablemente es el inicio de la mano dura contra las comunidades asesoradas. Sobre todo cuando estas busquen consejo estratégico en espacio menos institucionales que las ya bastante fiscalizadas ONGs.
Es evidente que los ingenieros sociales de la iniciativa han confundido la protesta con la asesoría a la protesta (además, las ONGs que asesoran movimientos sociales son una porción ínfima), con lo cual pisan el palito que se han colocado ellos mismos. El siguiente paso tendrá que ser controlar las comunicaciones, locales y de exterior, de las comunidades con reclamos que hacer.
Para la derecha más sincera este es el camino correcto. Es la represión que sus medios reclamaron cuando empezaron los problemas en Cajamarca, en agosto. Solo que ahora por otros medios, desde otro ángulo. Para el fujimorismo que identifica al mundo académico con el movimiento que lo desenmascaró y expulsó en el 2000, esta es una gran victoria. También para el PPC se trata de un gran avance táctico.
En esta votación del Proyecto de Ley 27692 es la primera vez que aprismo, fujimorismo y pepecismo aparecen tan nítidamente unidos. En la medida que lleva la carga práctica de la mediación entre la gran empresa y sus descontentos en todo el territorio el gobierno aprista es quien tiene más que perder si el proyecto prospera. Sobre todo si nuevos grupos políticos ocupan los espacios de las ONGs.
Las organizaciones políticas contestatarias ya están allí, con agendas propias perfectamente conocidas. A diferencia de la cooperación internacional, son iniciativas claramente instaladas en la informalidad. En lugar de cuidar el enorme capital humano local y de fuera que son las ONGs, el gobierno está colocando una innecesaria piedra en el zapato de sus ambiciosos proyectos de ayuda social.
La prédica de la derecha puede producir un simulacro de tranquilidad política al gobierno, en cuanto acatarla evita mayores ataques desde los medios que ella controla. Pero aceptar esa asesoría equivale al antiecológico pacto del Dr. Fausto. Esperemos que el partido de los trabajadores manuales e intelectuales reconsidere esta iniciativa, que no podemos reconocer como suya por ningún lado.
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