RACISMO AMBIENTAL (Ivonne Yánez Si hacemos un mapa del mundo con las industrias más contaminantes, veremos que estas no están distribuidas de forma aleatoria. Muchas de estas actividades han sido intencionalmente colocadas en lugares en donde habitan grupos humanos particulares. Por ejemplo, no es extraño encontrarnos con que algunas de las refinerías más contaminantes, en Estados Unidos o en Ecuador, se encuentran en medio de poblaciones afro descendientes. De igual forma podemos ver, que cuando se trata de ubicar materiales tóxicos, fábricas con efluentes tóxicos, u otro tipo de instalación ambientalmente degradante, los países del Norte, no dudan en hacerlo en países del Sur, trasladándose a nuestros países de los efectos negativos de estas industrias. Esto es lo que se conoce como justicia ambiental. La justicia ambiental es un concepto de equidad de derechos, a nivel global, como nacional, en donde deben tomarse en cuenta los impactos ambientales, pues la construcción de infraestructura provoca impactos tan graves que muchas veces supone agresiones directas contra los derechos humanos. Una parte de este concepto de justicia ambiental es el llamado racismo ambiental, que provoca, que poblaciones marginalizadas o excluidas del resto de la sociedad, reciban los mayores impactos ambientales negativos. Suelen ser las comunidades indígenas, de campesinos, poblaciones afrodescendientes o simplemente la gente pobre la que reciba esta carga negativa. Por el contrario, los beneficios obtenidos por estas industrias son distribuidos entre grupos dominantes económicamente. Sin embargo, el racismo ambiental, significa no solamente el peso negativo de los impactos sobre estas poblaciones, sino que en positivo, estos grupos humanos y todos los ciudadanos en el Perú, tenemos derecho a una parte justa del ambiente, y a disfrutar equitativamente de las riquezas que posee el país. En términos de derechos, significa acceder a un medio ambiente sano, al agua y energía limpias, a tierras cultivables, a respirar un aire libre de contaminación, o a deleitarse con nuestras áreas protegidas. A nivel global ocurre lo mismo, solo el 20% de la población - concentrada en pocos países como Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, - disfruta consumiendo el 80% de los recursos del planeta, al revés, el 80% de la población recibe los impactos negativos del deterioro ambiental. En Perú son varios los ejemplos que podemos mencionar. Uno de ellos es el caso de los ingresos a través del canon minero. Por ejemplo, en el 2003, distritos como Miraflores o San Isidro han recibido alrededor de 2 veces más que la Oroya por canon. Sin embargo, La Oroya recibe todo el impacto ambiental que significa la instalación de las refinerías mineras. O en cuanto a las áreas verdes, San Borja tiene 16 veces más áreas verde que Villa María del Triunfo, cuando el segundo tiene casi tres veces más población que el primero. En el Perú, existe una distorsión sobre quienes son y quienes representan a las mayorías. En países, como el Perú, con grandes poblaciones indígenas, estas son consideradas como minorías y una élite con intereses políticos y económicos, asume la representación del interés nacional. Esta aseveración es válida también en cuanto a justicia ambiental. Así, la conjunción de luchas, sociales y las ambientales, encuentran un espacio común en la lucha en contra del racismo ambiental y de otras formas de discriminación ambiental. Ivonne Yánez
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