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Extraño presentimiento

Peligrosas señales de intolerancia en el Gobierno
(Augusto Alvarez Rodrich. Director de Peru21)

Tomado de: Diario Peru21 del 31/10/06. http://www.peru21.com/comunidad/columnistas/html/DirectorIndex.html

RodrichCuando el gobierno del presidente Alan García se disponía a celebrar con relativa comodidad sus primeros cien días, la situación política actual y la perspectiva futura han dado un 'volteretazo' por la sensación creciente de que el régimen aprista -en colaboración con el fujimorismo y un sector de Unidad Nacional- está interesado en aplicar decisiones que pueden significar un recorte de las libertades democráticas, incluyendo la de expresión y la de discrepar con el poder de turno.

La clarinada de alerta es la modificación de la ley 27692 que restringe la libertad de asociación y contratación de las ONG que reciben financiamiento externo al otorgársele al gobierno la facultad de decidir los casos en que se puede recibir donaciones en función de prioridades que serán fijadas por el Ejecutivo de acuerdo con su propio entendimiento de lo que es el 'interés público', un concepto finalmente subjetivo que le abre las puertas al régimen para vetar proyectos que le puedan ser incómodos.

La explicación ofrecida por el jefe de APCI -la agencia encargada del control de las ONG- en el sentido de que Alan García no es Alberto Fujimori, pues él sí es un demócrata, es deleznable y peligrosa. ¿No se da cuenta Agustín Haya de la Torre de que sus socios en este esfuerzo son los abogados de Fujimori?

Las leyes no se dan según quién esté en el gobierno y se diseñan, justamente, para prevenir eventuales situaciones de interferencia indebida del poder con las libertades propias de una democracia, que es lo que está ocurriendo en el caso de las ONG.

Más allá del ámbito de estas entidades, el principio fundamental que se debe defender es la facultad de discrepar y de manifestar -dentro de la ley- dicha discrepancia, lo cual está obviamente vinculado a la libertad de expresión.

El riesgo de fondo es que el gobierno aprista pueda, si no está ocurriendo ya, a través de mecanismos sutiles como sus conexiones con el Poder Judicial o con algunos accionistas de medios de comunicación, afectar la libertad de expresión en el país y el derecho de discrepar con él.

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